La educación superior en Chile es la más cara del mundo: reflexiones en este día 11 de abril

La educación en Chile vive un período crítico, el proceso de privatización, descentralización  y financiamiento impulsado en el año 1981 por el gobierno militar, ha significado el endeudamiento progresivo de la familia chilena, particularmente en la etapa universitaria de los hijos. Diversos estudios han evidenciado que Chile es el país con mayor aporte familiar en educación  y que además cuenta con el sistema educativo más privatizado del mundo.

Ello se explica, porque el tipo de financiamiento de la educación impuesto durante los años 80 en Chile se orientó a la disminución  progresiva de la responsabilidad del Estado. En la actualidad las familias aportan en promedio con el 90% aprox.  del financiamiento del sistema de educación, mientras que el Estado sólo aporta con un 16,1% , en este sentido estamos muy lejos de la importancia otorgada a la educación en los Estados pertenecientes al  OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en donde el 70% del financiamiento de la educación de estos países  corresponde a financiamiento estatal y sólo  30% a fuentes  privadas.

 Al mismo tiempo, de acuerdo a la OCDE, la educación superior en nuestro país  es la más cara del mundo, los aranceles universitarios que paga el alumno, son más que el doble que EEUU, el triple de México, cinco  veces más que en España y dieciocho veces más que en Francia. Es decir Chile no sólo es uno de los países donde el financiamiento de la educación recae en un mayor porcentaje en el presupuesto familiar, sino además, agudizando lo anterior, en nuestro país las familias pagan los valores más altos del mundo en educación superior.

En este esquema de financiamiento las universidades privadas que se promueven como facilitadoras del acceso a la educación superior han construido un modelo de negocio que recibe no sólo el dinero de las familias, sino además financiamiento del Estado a través del CAE  (Crédito con Aval del Estado). En esta lógica de financiamiento privado y de autofinanciamiento  las universidades del Estado han sufrido los efectos de la reducción progresiva del aporte estatal que disminuyó desde un 80% en el año  1980 a un 16,1 %  en el año 2012. Esto ha implicado poner en juego no sólo la reconocida calidad de la educación pública en Chile, sino además el aumento considerable de sus  aranceles.

Si a la compleja situación en que se encuentran las familias que anhelan educación para sus hijos, agregamos los resultados del reciente estudio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que señala que Chile se encuentra entre las naciones medias-bajas de ingreso promedio mensual ( $490  mil pesos), nos encontramos con que un alto porcentaje de ciudadanos (aprox. 60%) no puede pagar el costo de la educación, lo que implica niveles de endeudamiento familiar tan altos que día a día hacen peligrar la estabilidad del presupuesto familiar y muchas veces hacen insostenible la posibilidad de proseguir estudios y concluir carreras a miles de estudiantes chilenos que ven frustradas sus metas de educación superior.

En definitiva nuestro sistema de educación superior es un sistema que pone en riesgo la idea de la educación como un derecho y al Estado que garantice este derecho. Pues,  en el hecho concreto la familia promedio chilena debe financiar la totalidad de la educación de sus hijos tanto si estudia en una universidad privada como estatal.

En consecuencia la demanda de educación pública y gratuita no se refiere a lo que se ha señalado engañosamente con la frase: “Es injusto que el Estado financie la educación de los más ricos”, pues diversas modalidades de financiamiento aseguran mayor equidad, de hecho en Chile existió hasta el año 1980 el arancel diferenciado, el cual promovía que los estudiantes financiaran sus estudios a partir de sus ingresos familiares, permitiendo que un alto porcentaje de estudiantes accediera a educación pública de calidad, completamente gratuita o parcialmente gratuita. 

Estos temas tan relevantes para la ciudadanía en general, resultan particularmente críticos para la comunidad magallánica, la que se enfrenta a un doble esfuerzo cuando se trata de financiar estudios universitarios. Es por ello que urge implementar un sólido sistema de educación superior en la región que permita que los estudiantes magallánicos accedan a educación gratuita y de calidad con una amplia oferta académica, ya no bajo la lógica de la oferta y la demanda, sino bajo el principio de posibilitar a los jóvenes una verdadera  libertad de oportunidades.  Lo que sin duda, se constituirá  en una oportunidad de desarrollo para la región, contribuyendo no sólo al logro personal, sino principalmente al progreso  de toda una sociedad.

EQUIPO DE COMUNICACIONES

CELULA HUMBERTO AGUILA

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE – REGIONAL MAGALLANESacolores

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