El pueblo como sujeto político y como significado retórico

Se usa poco en estos tiempos post-modernos la palabra “pueblo”.  Como que los políticos de izquierda o progresistas le han tomado miedo a la palabra “pueblo” y, aprisionados o adormecidos en el lenguaje tecnócrata de los especialistas, prefieren hablar de los “quintiles más desfavorecidos”, de las “personas más necesitadas”, de los “segmentos inferiores” y de la “gente”.

En sus remotos orígenes europeos, en Roma y en Grecia, la palabra “populus” hacía referencia al pueblo, o sea a la clase más numerosa, a la plebe, al vulgo.  En la Grecia clásica, el “demos” era la clase social dotada de derechos políticos, excluyendo a los libertos y a los esclavos.

En la revolución francesa y en las revoluciones americanas del siglo XIX, el “pueblo” se asoció con la plebe, con la multitud desordenada de sujetos pobres, dependientes.  Una extensa literatura latinoamericana abunda sobre los gañanes y peones, hombres de extracción popular que trabajaba sin derechos sociales ni políticos.  Las repúblicas independizadas del imperio español, se forjaron desde el siglo XIX sobre una oligarquía terrateniente y mercantil cuyo poder económico y político excluía al pueblo.

En algún momento además durante las guerras de la independencia latinoamericana, las clases dirigentes de criollos patriotas se apropiaron del concepto y se autoproclamaban como el “pueblo” que luchaba por su emancipación, cuando en realidad dejaban en el silencio a los campesinos y obreros que formaron la tropa de las milicias y ejércitos que la conquistaron.   Aquella apropiación oligárquica y burguesa de la palabra “pueblo” en el siglo XIX, encuentra su correlato en el presente donde los empresarios y dueños del capital no dudan en presentarse como “hombres de trabajo”.

En la literatura socialista y marxista, el pueblo fue el sujeto político fundamental, pero dentro de la ortodoxia linguistica apareció la noción de clase, en este caso “clase trabajadora” que, a su vez, se acompañó de la noción de “proletariado”, quedando la palabra “pueblo” situada en los márgenes e intersticios de la retórica socialista, comunista y anarquista como un concepto genérico que se refiere a la población pobre y no propietaria de una sociedad.   Lo popular se refiere a pobreza material, a una condición en que hay que trabajar para su sustento sin contar con el capital, sino con

Tenemos derecho a reivindicar el uso del concepto de pueblo. 

Los más pobres, los más explotados, la multitud de personas humildes que sufren la explotación, la discriminación y las injusticias y desigualdades del sistema de dominación capitalista.  Es pueblo todo aquel que vive de su trabajo y que trabaja, todo aquel que siente que su condición subordinada le obliga a sacrificarse y esforzarse por surgir, aquel que se siente discriminado en sus derechos.

Manuel Luis Rodríguez U.

La educación superior en Chile es la más cara del mundo: reflexiones en este día 11 de abril

La educación en Chile vive un período crítico, el proceso de privatización, descentralización  y financiamiento impulsado en el año 1981 por el gobierno militar, ha significado el endeudamiento progresivo de la familia chilena, particularmente en la etapa universitaria de los hijos. Diversos estudios han evidenciado que Chile es el país con mayor aporte familiar en educación  y que además cuenta con el sistema educativo más privatizado del mundo.

Ello se explica, porque el tipo de financiamiento de la educación impuesto durante los años 80 en Chile se orientó a la disminución  progresiva de la responsabilidad del Estado. En la actualidad las familias aportan en promedio con el 90% aprox.  del financiamiento del sistema de educación, mientras que el Estado sólo aporta con un 16,1% , en este sentido estamos muy lejos de la importancia otorgada a la educación en los Estados pertenecientes al  OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en donde el 70% del financiamiento de la educación de estos países  corresponde a financiamiento estatal y sólo  30% a fuentes  privadas.

 Al mismo tiempo, de acuerdo a la OCDE, la educación superior en nuestro país  es la más cara del mundo, los aranceles universitarios que paga el alumno, son más que el doble que EEUU, el triple de México, cinco  veces más que en España y dieciocho veces más que en Francia. Es decir Chile no sólo es uno de los países donde el financiamiento de la educación recae en un mayor porcentaje en el presupuesto familiar, sino además, agudizando lo anterior, en nuestro país las familias pagan los valores más altos del mundo en educación superior.

En este esquema de financiamiento las universidades privadas que se promueven como facilitadoras del acceso a la educación superior han construido un modelo de negocio que recibe no sólo el dinero de las familias, sino además financiamiento del Estado a través del CAE  (Crédito con Aval del Estado). En esta lógica de financiamiento privado y de autofinanciamiento  las universidades del Estado han sufrido los efectos de la reducción progresiva del aporte estatal que disminuyó desde un 80% en el año  1980 a un 16,1 %  en el año 2012. Esto ha implicado poner en juego no sólo la reconocida calidad de la educación pública en Chile, sino además el aumento considerable de sus  aranceles.

Si a la compleja situación en que se encuentran las familias que anhelan educación para sus hijos, agregamos los resultados del reciente estudio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que señala que Chile se encuentra entre las naciones medias-bajas de ingreso promedio mensual ( $490  mil pesos), nos encontramos con que un alto porcentaje de ciudadanos (aprox. 60%) no puede pagar el costo de la educación, lo que implica niveles de endeudamiento familiar tan altos que día a día hacen peligrar la estabilidad del presupuesto familiar y muchas veces hacen insostenible la posibilidad de proseguir estudios y concluir carreras a miles de estudiantes chilenos que ven frustradas sus metas de educación superior.

En definitiva nuestro sistema de educación superior es un sistema que pone en riesgo la idea de la educación como un derecho y al Estado que garantice este derecho. Pues,  en el hecho concreto la familia promedio chilena debe financiar la totalidad de la educación de sus hijos tanto si estudia en una universidad privada como estatal.

En consecuencia la demanda de educación pública y gratuita no se refiere a lo que se ha señalado engañosamente con la frase: “Es injusto que el Estado financie la educación de los más ricos”, pues diversas modalidades de financiamiento aseguran mayor equidad, de hecho en Chile existió hasta el año 1980 el arancel diferenciado, el cual promovía que los estudiantes financiaran sus estudios a partir de sus ingresos familiares, permitiendo que un alto porcentaje de estudiantes accediera a educación pública de calidad, completamente gratuita o parcialmente gratuita. 

Estos temas tan relevantes para la ciudadanía en general, resultan particularmente críticos para la comunidad magallánica, la que se enfrenta a un doble esfuerzo cuando se trata de financiar estudios universitarios. Es por ello que urge implementar un sólido sistema de educación superior en la región que permita que los estudiantes magallánicos accedan a educación gratuita y de calidad con una amplia oferta académica, ya no bajo la lógica de la oferta y la demanda, sino bajo el principio de posibilitar a los jóvenes una verdadera  libertad de oportunidades.  Lo que sin duda, se constituirá  en una oportunidad de desarrollo para la región, contribuyendo no sólo al logro personal, sino principalmente al progreso  de toda una sociedad.

EQUIPO DE COMUNICACIONES

CELULA HUMBERTO AGUILA

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE – REGIONAL MAGALLANESacolores

El centro del debate político actual desde la izquierda

Para un amplio espectro de ciudadanos de izquierda y progresistas en el Chile de hoy, el centro del debate gira en torno a dos cuestiones esenciales:  la naturaleza y contenido del programa de cambios en cuanto reflejo de las demandas ciudadanas y aspiraciones del movimiento social y el tipo de coalición que permita configurar una nueva mayoría social y política, para impulsar los cambios de fondo en el país y que vayan en una dirección no-neoliberal.

Para la izquierda hoy entonces, la forma cómo se organizó o produjo el atentado del 6 de septiembre de 1986 contra el tirano Pinochet no es más que un importante dato histórico, pero que no encuentra correlato en la agenda política del presente.  Su solo enunciado incluso, viene a tensar innecesariamente la perspectiva de la unidad más amplia posible de la oposición, para asegurar una mayoría parlamentaria y avanzar hacia un gobierno de nuevo tipo, a través de la más amplia e inclusiva mayoría social y política.

Que el FPMR haya realizado tal o cual acción en 1986, o que haya sido la dirección militar del Partido Comunista quién haya ordenado la ejecución del atentado al dictador, resulta entonces un tópico de poca relevancia pero de alto impacto mediático e ideológico en el momento político actual ya que, además, entrega gratuitamente argumentos a los sectores anticomunistas que subyacen en muchos ámbitos de la política y de la oposición.

Nadie puede negar que existe en Chile todavía un anticomunismo subyacente, una suerte de discurso bipolar que se quedó “pegado” a la lógica y la retórica de la guerra fría y que asocia a los comunistas con el extremismo o con el violentismo, y por lo tanto reactivar la polémica sobre el atentado contra el dictador en 1986, poco suma a la perspectiva de construir una mayoría política y social que impulse consistentemente los cambios que demandan la ciudadanía y los movimientos sociales.

Manuel Luis Rodríguez U.

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